Corte Penal Internacional descarta que sanciones sean crímenes de lesa humanidad
La Corte Penal Internacional frena la estrategia dilatoria de Venezuela
El régimen venezolano, desde Chávez hasta Maduro, ha sido un Estado al margen de la ley. Usando tribunales internacionales como tácticas dilatorias, intentó manipular procesos a su favor: sin éxito.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió no abrir investigación por la supuesta denuncia del régimen, que afirmaba que las sanciones unilaterales de EE.UU. desde 2014 constituían crímenes de lesa humanidad. Esta remisión, presentada en 2020, buscaba entorpecer la investigación real sobre las violaciones cometidas por el propio régimen.
El golpe a la narrativa oficial
La Fiscalía concluyó que no existe base razonable para vincular las sanciones estadounidenses —medidas legítimas contra violaciones de derechos humanos y actos delictivos internacionales del régimen— con crímenes de lesa humanidad. Las muertes y abusos en Venezuela no se derivan de sanciones, sino de políticas corruptas e ineficaces del régimen que actúa en plena impunidad.
¿Qué sigue ahora?
- El régimen tiene 60 días para pedir reexamen, pero probablemente evitará una nueva aventura judicial que pueda irritar a sus “tutores” internacionales.
- La investigación principal contra Maduro, Cilia Flores y otros altos funcionarios continúa en la CPI y en tribunales estadounidenses, donde enfrentan cargos graves.
- El reconocimiento de que las sanciones no son crímenes despeja el camino para sancionar a los verdaderos responsables, sin distracciones.
La justicia internacional actúa en distintos frentes y no hay prescripción para crímenes de lesa humanidad. La opacidad del régimen venezolano se desmorona, y será responsable ante tribunales en La Haya, Brooklyn y otros lugares.
La pregunta es clara: ¿Cuánto más podrá la agenda dilatoria disfrazar la impunidad del régimen mientras el mundo avanza en sancionar sus crímenes?