Cómo una Ley para “agilizar” trámites instala un presidencialismo sin control
El nuevo “atajo” que puede llevarnos lejos… del Estado de derecho
El 26 de marzo de 2026 fue aprobada la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos. Promete acabar con la burocracia asfixiante, pero hay un detalle que nadie quiere señalar en voz alta: esta norma abre la puerta a un hiperpresidencialismo que mina la Constitución.
¿Qué ocurrió?
La Ley busca simplificar y digitalizar trámites en todos los niveles del sector público. Artículos como el 1 y el 2 plantean objetivos sólidos: eficiencia, economía y rapidez al servicio del ciudadano. Sin embargo, el verdadero problema aparece en los artículos 7 y 8.
Ahí se otorga al presidente facultades extraordinarias para suspender, modificar o eliminar trámites y requisitos mediante decreto, incluso anulando leyes preexistentes hasta que la Asamblea Nacional se adecúe. Una habilitación sin límites temporales ni control legislativo.
¿Por qué esto cambia el escenario?
Esto no es solo digitalizar o hacer más rápido un trámite. Es darle al Ejecutivo poder para legislar por decreto en materia administrativa, desplazando a la Asamblea Nacional y erosionando la separación de poderes. La inseguridad jurídica estará garantizada, ya que cualquier ciudadano tendría que litigar para defender sus derechos frente a estos decretos.
La creación de una Comisión Presidencial Consultiva y los canales de participación ciudadana resultan insuficientes. No obligan a motivar decisiones ni garantizan transparencia real ni controles efectivos. La “consultoría” ciudadana será solo un trámite más sin peso concreto en las decisiones.
Además, se eliminan organismos vinculados a la gestión de trámites sin claridad en la transición, lo que profundiza aún más el desorden institucional y pone en duda la capacidad real para aplicar los supuestos avances.
¿Qué podría venir después?
Si esta Ley se aplica sin frenos, veremos un crecimiento del poder presidencial en detrimento de la legalidad y de la seguridad jurídica ciudadana. La simplificación prometida podría convertirse en una herramienta para centralizar decisiones discrecionales y verticalizar el Estado.
Sin jueces independientes ni controles institucionales que reviertan estos abusos, la ciudadanía enfrentará una administración pública rápida pero arbitraria. Esto trastoca la garantía de derechos y abre la puerta a nuevas crisis institucionales.
¿Hay solución?
Sí, pero pasa por exigir que la simplificación respete el marco legal vigente y que exista un sistema real de control de constitucionalidad. También requiere una ciudadanía informada y activa que no permita que la eficiencia se use como excusa para atropellar la separación de poderes.
Solo así esta Ley podrá cumplir su promesa y no convertirse en la excusa para profundizar el hiperpresidencialismo que vulnera a Venezuela.