Cómo la ‘Justicia’ de Maduro pisoteó la defensa en el caso Canserbero
Un ensayo del atropello judicial que marcaría 2024
La madrugada del 31 de enero de 2024, sin ruido ni transparencia, se escenificó lo que sería la norma: manipular el sistema judicial para controlar la disidencia en un año electoral crucial para Maduro.
Lo que pasó
El abogado Joel García llegó a los tribunales de Caracas para asumir la defensa de Natalia y Guillermo Améstica, acusados por dos muertes ocurridas en 2015, entre ellas la de Tirone José González, alias ‘Canserbero’, figura de la música que trascendió Venezuela.
Pero la justicia, lejos de permitir un trámite rutinario, negó la juramentación alegando que los acusados no estaban presentes. La realidad era otra: el tribunal no autorizó su traslado desde la cárcel militar donde los tenían retenidos.
Lo mismo ocurrió con otro abogado en defensa de una testigo clave. La negación sistemática dejó claro el mensaje: defensa legal bloqueada.
¿Por qué esto cambia todo?
Poco después, sin aviso y sin abogados, los hermanos Améstica fueron obligados a declararse culpables y condenados a 25 años. Sin juicio justo, sin derecho a defenderse.
Este caso fue el primer paso hacia la sistematización del uso arbitrario del poder judicial para aplastar a opositores, como se vería meses después con cientos de procesados en tribunales antiterrorismo tras el fraude electoral del 28 de julio.
Lo que viene y no te cuentan
Este expediente, revisado en profundidad por Armando.info, revela omisiones, inconsistencias y manipulaciones en la investigación desde 2015. El caso Canserbero no solo expone la corrupción judicial sino un mecanismo que seguirá aplicándose para eliminar la resistencia política sin garantías legales.
La brutal respuesta del régimen contra abogados, familiares e incluso diplomáticos solo confirma que la justicia en Venezuela es una fachada para legitimar sentencias hechas a la medida del poder.
¿Cómo seguirá el desmantelamiento de la legalidad en el país? La respuesta está en observar casos como este, donde el sistema judicial se convierte en brazo armado de la censura y el castigo político.