Cómo el gobierno venezolano arrebató una empresa familiar tras encarcelar a su dueño
Detención y despojo: Así actúa el Estado contra la propiedad privada
En septiembre de 2022, Héctor Ferreira Domingues, empresario luso-venezolano y dueño de Universal C.A., fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Sin orden judicial clara, su empresa textil, una de las más antiguas del país, fue ocupada y pasó a manos del aparato estatal.
La historia que no te cuentan
Universal C.A. lleva operando desde 1957, consolidándose como líder en uniformes y ropa laboral. Tras su detención, sus bienes fueron incautados y la fábrica rebautizada como TextileraDgim, controlada por funcionarios de inteligencia militar, a pesar de la falta de pruebas sólidas contra Ferreira.
Acusaciones sin fundamento
La investigación oficial se basó en testimonios dudosos y documentos sin coherencia comercial básica. La supuesta relación con Monómeros Colombo Venezolanos S.A. — presentada como prueba clave — fue desmentida por el propio Ferreira y confirmada como falsa por expertos, evidenciando un montaje para justificar la ocupación.
¿Qué revela esto sobre el poder y la legalidad?
- El gobierno utiliza organismos de inteligencia para tomar el control de empresas privadas sin pruebas contundentes.
- La justicia avala la usurpación de propiedades con justificativos endebles y procedimientos opacos.
- Familias con legado empresarial pueden perderlo todo mientras el Estado fortalece su dominio sobre la economía.
¿Qué viene después?
Este caso no es un incidente aislado, sino un patrón que amenaza la seguridad jurídica y desalienta la inversión privada. Sin una restitución clara del patrimonio y sin reformas legales que detengan estos abusos, Venezuela seguirá perdiendo empresas históricas y confianza económica.
La pregunta queda en el aire: ¿Cuántas más están en riesgo por una agenda política que olvida a los verdaderos actores económicos?