Colombia: ¿Se instala un gobierno con sombra paramilitar?
Colombia en peligro de un gobierno paramilitar
Abelardo de la Espriella, presidente electo con un margen ajustado, ha anunciado políticas que rompen con el proceso de paz y ponen al país en una ruta preocupante.
Qué está ocurriendo
- El mandatario anunció la eliminación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), clave para consolidar la paz tras décadas de conflicto armado.
- Además, propone suprimir el Comisionado de Paz y rechaza acuerdos firmados por excombatientes, señalando la intención de endurecer medidas contra antiguos actores del conflicto.
- Se habla de crear «bloques de búsqueda urbanos» y «primeras líneas de seguridad» integradas por reservistas y veteranos fuera del marco legal de la fuerza pública.
- Se impulsa la reactivación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), con antecedentes de violaciones a derechos humanos y represión sistemática contra manifestantes.
- Se anuncian además megacárceles administradas por empresarios privados, una propuesta que genera dudas sobre la gobernabilidad y el respeto a la legalidad.
Por qué esto redefine el escenario colombiano
Estas propuestas evocan viejos métodos vinculados con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupos paramilitares responsables de miles de crímenes y de socavar la institucionalidad en favor de intereses ilegales y políticos.
La historia reciente recuerda que durante gobiernos anteriores, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe, hubo investigaciones por vínculos y tolerancia hacia estos grupos. Una realidad que dejó heridas profundas, desplazamientos masivos y pérdida de legitimidad institucional.
El retorno a esquemas de seguridad fuera del marco constitucional representa un peligro claro para la estabilidad, pues las «primeras líneas» y estructuras paramilitares no están sujetas a rendición de cuentas y amenazan la autoridad legítima del Estado.
Qué puede suceder
- Incremento de la violencia y arbitrariedad al adoptar prácticas que históricamente han generado impunidad y abusos.
- Mayor criminalización de las protestas sociales, con respaldo oficial para la represión y tolerancia cero frente a la disidencia.
- Deterioro en la consolidación de la paz y riesgo de retroceso en procesos democráticos y judiciales.
- Consolidación de redes paralelas de poder que operan fuera de la ley y erosionan las instituciones.
Es un momento clave para cuestionar qué tipo de seguridad y legalidad se está priorizando. La agenda anunciada no solo divide opiniones, sino que pone en riesgo la gobernabilidad y el respeto al Estado de Derecho en Colombia.