Casas azules en el Pacífico: el nuevo negocio opaco del gobierno Petro
Construcción rápida, control difuso y un daño invisible
En Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, aparecieron de la nada casas azules y blancas. No son obra tradicional ni viviendas locales: son estructuras prefabricadas industrializadas, parte de un programa estatal que diluye responsabilidades y dificulta el control ciudadano.
¿Qué pasó?
Estas casas no se construyen bajo contratos claros y directos. El dinero público pasa por una fiducia estatal que contrata empresas industriales para ensamblar viviendas en serie, sin diálogo con la cultura ni el entorno local. En Buenaventura, empresas de acero galvanizado arman estas viviendas según una lógica técnica que busca eficiencia, pero ignora la realidad social y ambiental.
¿Por qué esto cambia el escenario?
- El costo por unidad roza los 100 millones de pesos, para construcciones que no superarían una década en un clima extremo, sometidas a humedad y salinidad.
- La durabilidad y seguridad de estas casas en un territorio con familias numerosas es cuestionable, considerando materiales y diseño estandarizado.
- La visibilidad del proceso es casi nula y el ciudadano desconoce a los responsables o controles, pese a que se trata de recursos públicos.
- En un Pacífico con pobreza que supera el 40%, costos logísticos incrementan precios hasta en un 25%, mientras la inflación golpea la subsistencia diaria.
¿Qué viene después?
Este modelo marca una industrialización de la política social bajo el gobierno Petro, que fragmenta el Estado y reemplaza formas locales de vida por soluciones genéricas, homogéneas y opacas. El riesgo es crecer institucionalmente a costa de la identidad cultural y la sostenibilidad de comunidades indígenas y negras que apenas sobreviven al abandono, el hambre y la violencia.
¿Puede un programa así realmente beneficiar a quienes más lo necesitan o es el disfraz de un nuevo negocio público que pasa desapercibido, oculto tras casas azules que no tienen alma ni futuro?