Capriles denuncia uso indebido de recursos públicos en defensa de Maduro
El diputado Henrique Capriles Radonski dejó claro: no está de acuerdo en que el Estado venezolano pague la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
En una rueda de prensa, Capriles afirmó que Maduro y su círculo cercano cuentan con recursos suficientes para costear sus abogados. “Yo no estoy de acuerdo que el Estado venezolano pague la defensa de Nicolás Maduro”, enfatizó.
¿Qué cambia esta posición?
Su denuncia plantea una fractura en el discurso oficial: mientras Maduro tiene acceso a defensa privada pagada con fondos estatales (o con autorización para usar recursos públicos), presos políticos no tienen ni siquiera esa garantía básica.
Capriles recordó que ningún detenido político liberado recibió apoyo para contratar defensa privada, a diferencia de Maduro. “A los presos políticos les negaron esta posibilidad, a ninguno”, sentenció.
El diputado cuestiona así la transparencia y justicia en el uso de recursos públicos. Además, denuncia que en casos de presos políticos, la defensa pública se ha usado para restringir sus derechos, no para protegerlos.
¿Qué consecuencias reales tiene esta situación?
- El Estado está destinando fondos a defender a quienes lideran el problema institucional y económico.
- Esto evidencia un doble estándar legal que debilita el sistema judicial y la confianza ciudadana.
- Reabre el debate sobre transparencia y prioridades en el manejo del dinero público en Venezuela.
¿Qué puede venir después?
Si no se corrige este desequilibrio, la percepción de impunidad para la élite gobernante se reforzará. A su vez, la exclusión sistemática de defensa adecuada para presos políticos profundiza la crisis institucional. Esto podría aumentar tensiones sociales y políticas en un país que exige justicia real y reglas claras.
Capriles lanza una pregunta incómoda para el oficialismo: ¿hasta cuándo seguirá el Estado venezolano privilegiando a quienes han provocado la crisis con el dinero de todos?