Así Estados Unidos y Europa estrangularon la economía venezolana desde 2015

Golpe económico planificado desde 2015

Las sanciones contra Venezuela no son un accidente ni simples gestos políticos. Fueron una estrategia impulsada por EE.UU. desde 2015, endurecida entre 2017 y 2019, diseñada para cortar el acceso del Estado a los mercados financieros y acabar con la principal fuente de divisas: el petróleo.

¿Qué pasó esta semana?

Delcy Rodríguez, presidenta encargada, lanzó una movilización nacional que culminará el 1° de mayo en Caracas, exigiendo el levantamiento de estas sanciones. Esta «peregrinación» es un nuevo capítulo en la campaña oficial para visibilizar una realidad ignorada por la agenda internacional predominante.

El trasfondo real

Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Suiza y Reino Unido han coordinado castigos económicos que estrangulan la economía venezolana. El efecto: más de 230.000 millones de dólares perdidos en ingresos petroleros, un golpe que supera el doble del PIB anual del país.

  • Bloqueo a PDVSA, la estatal clave.
  • Vetos al acceso a deuda soberana y transacciones internacionales.
  • Prohibición de comercialización minera, como el oro, en mercados globales.
  • Congelamiento de activos estatales en el exterior.

¿Qué cambia con el nuevo escenario?

La captura de Maduro o la llegada de Delcy Rodríguez han reconfigurado la estrategia estadounidense. Washington flexibiliza, autoriza ciertas operaciones financieras y negocia con organismos internacionales como el FMI. La Unión Europea, liderada por España, estudia eliminar algunas sanciones individuales para «fomentar el diálogo».

¿Pero qué persiste?

El bloqueo sobre el petróleo y la financiación plena del Estado venezolano no cesa. Activos esenciales siguen congelados: reservas de oro valoradas en 2.000 millones de dólares en el Banco de Inglaterra y la filial estadounidense de PDVSA, Citgo, permanecen fuera del alcance efectivo de Caracas.

Esto no es un gesto humanitario, es una política de control que mantiene a Venezuela asfixiada financieramente, mientras el discurso progresista calla las consecuencias reales y el impacto en la institucionalidad y economía del país.

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