La Asamblea chavista arranca un nuevo ciclo para ocupar el Tribunal Supremo
Este martes, la mayoría dominante en la Asamblea Nacional puso en marcha un controvertido proceso para seleccionar a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Sin precisar cuántas vacantes ni en qué áreas específicas, se creó un comité preliminar encargado de instalar el Comité de Postulaciones Judiciales. Su tarea será llamar a postulantes, evaluarlos y elegir magistrados. Todo bajo un manto de falta de transparencia y sin detalles que aclaren la verdadera magnitud del cambio.
El TSJ, pieza clave del sistema de poder
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, justificó esta maniobra como parte de una “reforma judicial” impulsada por Delcy Rodríguez para supuestamente lograr “un sistema de justicia justo”. Sin embargo, la realidad que se impone es otra: se trata de asegurar el control absoluto del poder judicial para consolidar la agenda que domina el aparato estatal.
Este proceso se suma a recientes designaciones de autoridades críticas como Fiscalía y Defensoría del Pueblo, también aprobadas con mayoría chavista, apuntalando un entramado institucional cerrado y alineado sin fisuras con el Ejecutivo.
¿Qué significa para Venezuela?
- Un Tribunal Supremo sin independencia, que seguirá siendo instrumento para decisiones arbitrarias.
- Un sistema judicial que pierde aún más credibilidad y confianza a nivel nacional e internacional.
- Posible dificultad para cualquier intento real de cambio legal o político dentro del país.
- Se agudiza la concentración de poder, en un momento de elevado riesgo institucional.
¿Qué viene después?
Con el Parlamento bajo control total y garantías de mayoría calificada para aprobar candidatos, queda claro que no habrá espacio para voces contrarias. El fallo definitivo, que incluye la evaluación del Poder Ciudadano, parece sólo un paso formal.
Mientras más se enquista este sistema, mayores serán las consecuencias para la estabilidad, la legalidad y la posibilidad de una justicia imparcial en Venezuela. La comunidad nacional e internacional debe cuestionar esta dinámica que redefine el poder sin rendición de cuentas.