La Asamblea Nacional aprobó la primera discusión de una reforma eléctrica que cambia todo
Por unanimidad, parlamentarios dieron luz verde al proyecto que introduce inversión privada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
¿Qué pasó realmente?
Con 42 artículos, esta reforma abre la puerta a nuevos actores: desde el Estado controlando mayoritariamente, hasta empresas privadas con participación incluso minoritaria. La consecuencia: el Estado pierde el monopolio absoluto sobre un recurso estratégico.
Esto cambia el escenario energético para siempre
- Las sanciones internacionales han dañado la infraestructura, y ahora el Gobierno busca salvar el sistema involucrando capital mixto y privado.
- Se crea un nuevo régimen tarifario ligado a “rentabilidad razonable” para atraer inversionistas, lo que podría traducirse en alzas tarifarias respaldadas legalmente.
- Las empresas deben compensar a usuarios por apagones, pero ningún cambio garantiza que estos cortes desaparezcan.
- La apertura a exenciones fiscales para atraer inversión puede impactar en la sostenibilidad económica y en la fiscalización del sector.
¿Qué viene después?
Si la reforma avanza, veremos un sistema eléctrico fragmentado, con múltiples actores y una presión creciente de intereses privados. La pregunta es si el Estado podrá mantener control efectivo y garantizar un servicio estable o si el país enfrentará más apagones y tarifas insostenibles con la excusa de «eficiencia».
Este cambio estructural va más allá de una simple ley. Reconfigura la soberanía energética, abre la puerta a la competencia desleal y pone en riesgo la seguridad del suministro nacional.