¿Por qué el Estado tarda meses en responder una amnistía ya aprobada?
El periodista Luis López, liberado tras 19 meses encarcelado, enfrenta un bloqueo judicial que amenaza su libertad definitiva. Más de dos meses después de entregar su solicitud de amnistía, no hay respuesta ni avance.
Un patrón que va más allá de un caso aislado
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alerta sobre una estrategia sistemática: usar los tribunales para frenar a quienes informan. López entregó su solicitud a la Defensa Pública el 23 de febrero, apenas días después de la promulgación de la ley. Desde entonces, cada semana se topa con el silencio y la falta de pronunciamiento del tribunal.
¿Por qué importa esta demora?
La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el fin de la amnistía sin aclarar qué pasará con los cientos de presos políticos que quedan. Al mismo tiempo, organizaciones reportan que, al menos, 473 presos políticos continúan encarcelados. La ley de amnistía no contempla caducidad, pero la acción del régimen sí está causando un vacío legal que afecta a los solicitantes.
El riesgo real:
- Judicialización como herramienta de control social
- Demoras que perpetúan encarcelamientos injustos
- Señales a la prensa para limitar su trabajo informado
- Una aparente amnistía que pierde fuerza y credibilidad
El político Jorge Arreaza reconoce que siguen llegando solicitudes desde dentro y fuera del país, pero la falta de mecanismo eficaz y rápido convierte la amnistía en un proceso vacío. ¿Quién gana con esta dilación? Claramente, no la justicia ni la libertad de expresión.
La pregunta clave queda abierta: ¿cuánto tiempo más la justicia seguirá en manos de una agenda política que decide a quién liberar y a quién mantener preso, sin importar leyes vigentes?