Alianzas público-privadas: ¿La verdadera clave para resolver la crisis habitacional?
Construcción avanza, pero la crisis habitacional no desaparece
El sector construcción en Venezuela está forzando alianzas entre el sector público y privado para levantar viviendas, a pesar de sanciones que complican costos y logística.
Los acuerdos que el discurso oficial oculta
Gerson Hernández, presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción, confirma que la reactivación se sostiene gracias a la producción nacional de cemento y acero, y a coaliciones directas con el Ejecutivo. Sin embargo, esta supuesta reactivación no se traduce aún en un acceso real para quienes necesitan hogares.
¿Cuál es el verdadero problema que nadie menciona?
El bloqueo no está solo en las sanciones, sino en un marco jurídico obsoleto que limita garantías legales y la fluidez del mercado inmobiliario. Hernández insiste en una reforma a la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat y a la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, pilares indispensables para destrabar el acceso justo a casas y apartamentos.
¿Quién realmente se beneficia? ¿Y quién queda fuera?
El discurso oficial mira hacia los jóvenes con créditos adaptados, pero el equilibrio entre la capacidad de pago del comprador, las ganancias del vendedor y los incentivos para la construcción sigue siendo una fórmula pendiente. No es una cuestión solo técnica, es una pulseada política por definir quién y cómo accede realmente a la vivienda en el país.
La promesa de 500.000 viviendas anuales sigue siendo un objetivo lejano mientras se mantengan las restricciones legales y económicas, y mientras el papel clave de las alianzas público-privadas no se traduzca en resultados tangibles para la población.