La jueza detrás de la justicia represiva en Venezuela
Alejandra Verónica Romero Castillo es hoy la firma detrás de decisiones judiciales que violan la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela. Ocupa un tribunal especial antiterrorista donde juicios se reinician, audiencias se hacen desde centros de detención, defensores públicos se imponen y los presos políticos ven diluirse el valor del tiempo encarcelados.
¿Quién es realmente Romero Castillo?
Nacida en 1993, su perfil profesional es casi un misterio. Apenas hay registros oficiales: una ficha del Seguro Social que la ubica en la magistratura desde 2014 y menciones vagas en documentos del Tribunal Supremo de Justicia. Nunca se ha divulgado un nombramiento oficial que explique su salto a la jurisdicción penal más sensible y politizada del país.
Su trayectoria no es fruto del mérito académico ni pruebas públicas de concurso transparente, sino de conexiones familiares con el aparato militar y redes de confianza políticas. Su padre, general de la Aviación Militar Bolivariana, ha ocupado cargos clave en estructuras estatales vinculadas al chavismo. En un sistema donde la lealtad pesa más que la competencia, su ascenso es la punta de un iceberg corrupto y opaco.
Un tribunal sin base legal que persigue disidencia
El llamado Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo, que ella preside, fue creado por resoluciones administrativas del TSJ sin respaldo legal claro ni aprobación parlamentaria. Organismos internacionales lo señalan como herramienta del llamado “terrorismo de Estado”, que usa el derecho penal para perseguir opositores y críticos, violando el debido proceso.
La centralización extrema obliga a que detenidos en todo el país comparezcan por vía telemática ante estos tribunales en Caracas, con defensas impuestas y procesos cerrados al escrutinio público. Las audiencias desde centros de detención son rutina. Este esquema garantiza opacidad y castigos ejemplares sin garantías reales.
Casos emblemáticos: más castigo político que justicia
- Rocío San Miguel, activista y defensora de derechos humanos, detenida bajo cargos ambiguos y sometida a desaparición forzada e incomunicación. La jueza Romero Castillo ignoró solicitudes humanitarias pese a irregularidades evidentes.
- Rafael Tudares Bracho y Luis Guillermo Istúriz, opositores condenados a 30 y 20 años tras procesos exprés y juicios llenos de irregularidades, bajo cargos de terrorismo que criminalizan la crítica al régimen.
- Condenas de 30 años contra cinco acusados por un supuesto complot, confirmadas sin revisión por la Sala Penal del TSJ, consolidando un sistema que blinda sentencias arbitrarias.
- El caso Pdvsa-Cripto, donde la jueza extiende la jurisdicción especial a causas de corrupción, mezclando intereses políticos y económicos para hacer justicia selectiva bajo un marco legal difuso.
Una justicia sin independencia ni transparencia
La ONU, la CIDH y organizaciones de derechos humanos denuncian que este tribunal especial ha convertido la excepción en regla, aplicando detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, imposición de defensores públicos y audiencias sin garantías. La justicia venezolana no es independiente: sus jueces son leales y sus fallos, armas políticas.
Romero Castillo simboliza este fenómeno: su carrera meteórica y opaca, su lugar en tribunales sin fundamento legal y la contundencia de sus condenas políticas revelan un sistema diseñado para perpetuar el control autoritario.
¿Qué significa esto para Venezuela?
El engranaje judicial que ella representa no es una falla aislada, sino un modelo consolidado de represión disfrazada de legalidad. La justicia venezolana, en manos de operadores como Romero Castillo, refuerza la persecución política, erosiona la institucionalidad y consolida la impunidad que mantiene al régimen en el poder.
Mientras el mundo mira y organizaciones denuncian, esta maquinaria opera sin control, enfrentando a la disidencia y permitiendo que la corrupción se camufle bajo tribunales especiales. La pregunta es clara: ¿cómo recuperar la legalidad y la independencia en un sistema judicial capturado y sometido a la voluntad política?