Presión política y amenazas de despido en Trujillo
El alcalde de Andrés Bello, José Ramón Reyes Carvajal, estaría usando su cargo para amedrentar a trabajadores públicos de salud y educación que se niegan a participar en actividades políticas. Quienes resisten enfrentan la amenaza directa de perder su empleo.
¿Qué pasó?
Guzmán Antonio Ramírez, presidente de Fetrasalud, denuncia que empleados públicos sufren coacción para apoyar la Segunda Consulta Popular Nacional, impulsada por estructuras comunales aliadas al municipio. Una enfermera teme por su estabilidad laboral tras negarse a involucrarse en campañas políticas.
Lo que nadie dice
Este caso es mucho más que un conflicto laboral: es una violación flagrante de la autonomía laboral y de la libertad de conciencia. Ramírez enfatiza que las instituciones públicas no pueden ser usadas como herramientas políticas personales. Cada día, el personal sanitario resiste una crisis profunda con salarios míseros y carencia de insumos. En vez de reconocimiento, reciben intimidación.
Un precedente peligroso
La presidenta del Colegio de Enfermeras de Trujillo, Sulvia Torrealba, confirma que el alcalde no tiene competencia para hacer estas exigencias políticas a trabajadores de salud y educación, a menos que dependan directamente de la alcaldía.
Obligar a empleados públicos a participar en ciertas actividades políticas a cambio de conservar su empleo rompe principios elementales del derecho venezolano y la Constitución.
¿Qué sigue?
Los sindicatos exigen investigación y garantías laborales para frenar esta presión política. La crisis en el sector público y la fuga de profesionales se agravan si se normalizan estas prácticas.
Este caso desvela una estrategia preocupante: usar la autoridad municipal para condicionar empleos mediante la imposición de una agenda política. Si no se detiene, la institucionalidad y los servicios públicos pagarán un costo irreversible.
¿Será este un punto de inflexión para que las autoridades reconozcan que la defensa de derechos laborales y la neutralidad política deben ser inviolables?