Trujillo impone más de 1500 proyectos para consulta popular: ¿Quién decide realmente?
Trujillo fuerza a comunidades a votar más de 1500 proyectos con una estrategia política oculta
El próximo 8 de marzo, más de 1.500 proyectos comunales en Trujillo serán sometidos a consulta popular. Los vecinos mayores de 15 años deberán elegir solo 221 propuestas consideradas «prioritarias» dentro de esta lista abrumadora.
¿Qué hay detrás de esta consulta masiva?
El Estado Trujillo se presenta como pionero en completar la carga de 1.547 proyectos para esta consulta nacional. La directora regional de Desarrollo y Consolidación del Poder Popular, Angélica Morón, anunció que la iniciativa se enfoca en dos áreas: Economía Comunal para un supuesto fortalecimiento local y Ciudades Humanas para servicios públicos esenciales como agua y electricidad.
Sin embargo, esta maniobra no solo dispersa recursos y atención, sino que conforma una nueva estructura de control social, donde el «poder popular» se vuelve un instrumento político para legitimar decisiones ya definidas desde el aparato estatal.
¿Participación ciudadana o control territorial?
Morón presume que «el pueblo ha dejado de ser beneficiario para convertirse en actor y constructor de sus propias políticas», pero en realidad esta consulta funciona como fachada para consolidar un mecanismo de vigilancia y control.
El Movimiento Somos Venezuela recruta activamente brigadistas en todo Trujillo, con casi 4.000 ya caracterizados. La estrategia busca armar brigadas en las 1.800 comunidades, asegurando gobernabilidad mediante el sistema 1×10 y Salas de Autogobierno, replicando un modelo de autoridad paralela bajo un supuesto autogobierno comunitario.
El verdadero impacto y lo que viene
Este proceso inunda Trujillo con propuestas e iniciativas que no priorizan eficacia, sino la extensión de redes políticas para el control directo de la población. La dispersión de más de 1.500 proyectos diluye responsabilidad y compromete la calidad de las soluciones.
De esta forma, se instala un modelo que reemplaza a las instituciones tradicionales por estructuras paralelas, con consecuencias directas sobre la economía local, la capacidad de gestión pública y la seguridad institucional. El próximo paso será la consolidación de este esquema en otras regiones, cargando el sistema con más agendas políticas disfrazadas de participación ciudadana.
¿Estamos ante un avance democrático o frente a un nuevo cierre de controles bajo la apariencia de consulta popular?