La tragedia que el gobierno esconde: deportados venezolanos en riesgo mortal
«No son sacos de papas»: la verdad que no quieren contar sobre deportados venezolanos
Oswardeliz Núñez vivió la peor noticia: su hijo, Daniel, deportado de Estados Unidos, murió atrapado en el hotel que colapsó en La Guaira durante el doble terremoto del 24 de junio.
Este joven, recién llegado a Venezuela y retenido bajo un procedimiento cuestionable, no recibió ninguna protección institucional. La madre denuncia que los protocolos de repatriación son un desastre que deja desamparadas a personas sin antecedentes penales.
¿Por qué esto importa más de lo que parece?
El gobierno venezolana expone a deportados a riesgos insoportables, sometiéndolos a trámites burocráticos lentos y reteniéndolos en condiciones precarias, incluso en zonas de alto peligro, como los edificios sin garantías estructurales.
Daniel y más de 120 personas fueron confinados en un hotel vulnerable mientras esperaban su autorización para regresar a casa. El desastre natural se convirtió en una tragedia humanitaria por la falta de controles básicos que cualquier Estado serio debería garantizar.
El costo invisible de una repatriación irresponsable
- No se trata solo de pérdidas humanas. Este caso expone un quiebre institucional grave en materia de seguridad y legalidad.
- La omisión del Estado abre la puerta a más tragedias y radicaliza la crisis migratoria interna sin soluciones.
- Oswardeliz no busca compensaciones económicas; exige que se cambien los protocolos antes de que más vidas quedén en manos de la improvisación.
¿Qué sigue?
Si el gobierno no actúa para reformar estos procesos, el riesgo para los repatriados será un tema recurrente. Esta tragedia debe abrir el debate sobre cómo se manejan las deportaciones y cuán vulnerables quedan estas personas al regresar a un país con instituciones debilitadas.
El silencio oficial es una omisión que costó vidas. Por primera vez, una madre exige justicia y cambios profundos para que deportar no signifique condenar a la muerte.