Una amnistía con fecha de caducidad
El abogado Joel García, defensor de presos políticos, acaba de lanzar una alerta que pocos quieren escuchar: el anteproyecto de ley de amnistía esconde un recorte temporal que elimina casi 25 años de historia de persecución política.
¿Qué pasó?
García desmenuzó los números. De un periodo que abarca de 1999 a 2026, solo 2 años y 2 meses quedarían contemplados. Es decir, 24 años y 11 meses quedan fuera del beneficio penal propuesto.
Esto no es una amnistía real, es un maquillaje que excluye grandes casos emblemáticos como Operación Aurora, Gedeón y los Drones de la Av. Bolívar, todos ellos parte de una política sistemática de criminalización contra la disidencia.
¿Por qué esto cambia el tablero político?
Porque una ley de amnistía que segmenta en fechas arbitrarias no solo ignora la realidad de una persecución continua durante casi tres décadas, sino que garantiza la perpetuación de heridas judiciales profundas, impidiendo una transición real.
¿Cómo hablar de reconciliación nacional cuando se deja fuera la mayoría de las víctimas, quienes siguen atrapadas en un limbo jurídico?
Lo que viene
Si esta ley no se modifica para incluir la totalidad del periodo de crisis político-judicial, la polarización y la inseguridad jurídica se mantendrán como normas, alejando cualquier posibilidad de paz duradera.
Esta ‘amnistía’ a medias parece más una estrategia para controlar quién se beneficia y quién no, dejando en segundo plano el verdadero objetivo: sanar el tejido institucional del país.