La democracia en Venezuela enfrenta una crisis constitucional sin precedentes
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales (Acienpol) definió la situación institucional venezolana como una de las más graves del continente y lanzó una advertencia contundente: el rescate democrático es una urgencia inaplazable.
Un llamado claro a la acción pendiente
Durante su 111° aniversario, juristas de alto perfil rechazaron la pasividad ante la erosión sistemática de las libertades públicas y demandaron un proceso integral de redemocratización. Según el doctor Carlos Ayala Corao, solo una transición democrática rápida y efectiva, basada en la devolución de la soberanía a través del sufragio, permitirá un cambio político real.
La clave: garantizar elecciones libres requiere seleccionar un Consejo Nacional Electoral autónomo, eliminar inhabilitaciones políticas arbitrarias y habilitar el voto de venezolanos en el exterior, condiciones que no se cumplen hoy.
Estado de derecho quebrado y persecución política como norma
Para el doctor Rafael Badell Madrid, la crisis institucional no es reciente sino el resultado de casi tres décadas de voluntad política para deslegitimar y desinstitucionalizar el sistema jurídico y los poderes públicos.
Denunció además el uso del aparato penal para criminalizar la disidencia, un patrón que convierte a la justicia en un instrumento para perseguir opositores y silenciar voces. La exigencia es clara: la liberación inmediata de todos los presos políticos y el cese de los procesos judiciales basados en motivaciones arbitrarias.
Más allá del voto: la reinstitucionalización es el verdadero desafío
Ambos expertos coinciden en que la transición no puede limitarse a elecciones. Exigen reformas profundas, como la refundación del Poder Judicial para eliminar la provisionalidad y garantizar una carrera judicial protegida por garantías constitucionales.
También subrayan la necesidad de un modelo de justicia transicional que evite revanchas y garantice verdad y reparación a las víctimas, equilibrando la justicia con la viabilidad política de la transición.
Finalmente, advierten sobre nuevos desafíos, como la regulación ética de tecnologías emergentes en tribunales, para evitar reemplazar la función decisoria de jueces con sistemas automáticos.
¿Qué viene después?
La Academia ratifica su compromiso con una transición normativa real, voz independiente frente a una arbitrariedad estatal que persiste. La pregunta es cómo y cuándo sectores políticos asumirán la responsabilidad que hoy ignoran y permitan que Venezuela recupere su institucionalidad y orden democrático.