La reforma eléctrica venezolana abre la puerta a la iniciativa privada
El Estado venezolano ha monopolizado la gestión del servicio eléctrico por más de 15 años. Ahora, una reforma impulsada en la Asamblea Nacional pretende terminar con esa exclusividad.
Este cambio busca introducir participación privada en un sector paralizado, pero en la forma sigue la misma línea de otras reformas como la de Hidrocarburos y Minería: abrir espacios sin realmente resolver problemas estructurales.
¿Por qué esto cambia el escenario?
La crisis eléctrica en Venezuela no se debe solo a la centralización estatal, sino a malos manejos y esquemas clientelistas. La simple apertura al sector privado no garantiza eficiencia ni transparencia.
Esta reforma puede ser un paso, pero mantiene vicios profundos que prolongan la inseguridad energética y el colapso institucional.
¿Qué viene después?
Si no se acompaña de mecanismos claros de control y compromiso real con la calidad y legalidad, la participación privada será un cambio cosmético. La crisis eléctrica podría agravarse, mientras se oculta tras promesas que no se cumplen.
El verdadero desafío es romper con un sistema que combina monopolio y corrupción, no solo cambiar de modelo sin garantías.