122 ataques en Venezuela no son casualidad: son parte de un control estatal firme
En el primer trimestre de 2026, Venezuela registró 122 incidentes contra organizaciones y defensores de derechos humanos. Aunque el número disminuyó casi a la mitad respecto a 2025, esto no es señal de mejoría.
Lo que realmente está pasando detrás de la cifra
El descenso de ataques no refleja un cese de la represión, sino un endurecimiento en la exclusión del espacio cívico. La realidad es que el Estado mantiene y adapta su aparato represivo para criminalizar y controlar cualquier defensa o exigencia de derechos. El propósito es claro: reducir al mínimo la participación ciudadana y debilitar la democracia.
Quiénes están detrás y cómo operan
- Funcionarios públicos lideran con el 44% de los ataques.
- Medios oficiales amplifican la estigmatización con el 25%.
- Grupos afines al gobierno y otras instituciones suman el resto.
La mayoría de las acciones son estigmatización y hostigamiento, usando desde la propaganda oficial hasta amenazas digitales.
¿Por qué importa realmente esto?
Tras la asunción de Delcy Rodríguez, la política de represión se mantiene intacta. La persecución y el control social no solo vulneran derechos, sino que bloquean cualquier posibilidad de transición democrática real. Sin un espacio cívico abierto y sin respeto al Estado de derecho, no hay garantías ni para la seguridad ni para las libertades fundamentales.
La pregunta es clara: ¿cuánto tiempo más seguirán permitiendo que esta persecución silenciosa desmonte los pilares democráticos?