Venezuela atrapada: ¿protectorado impuesto o elecciones legítimas?
Venezuela, entre un protectorado y unas elecciones que pocos consideran libres
Desde el 3 de enero, Venezuela vive bajo un protectorado promovido desde Washington. Una imposición que limita la soberanía del país, mientras una oposición electoral busca legitimarse el 28 de julio de 2024.
Este conflicto no es solo una disputa política interna, sino una lucha por definir quién manda y bajo qué condiciones se gobierna. La realidad muestra un poder politizado y sin bases éticas sólidas, atravesado por una crisis institucional que viene de décadas.
La democracia venezolana tuvo momentos reconocidos, principalmente entre 1958 y 1994, cuando civiles gobernaron respetando las leyes y la voluntad popular. Pero eso cambió con la llegada de la llamada «Revolución Bolivariana» en 1999, un proyecto con orígenes en un golpe de estado y que quebró esa estabilidad.
Hoy, los Estados Unidos establecen un «protectorado» que mantiene la estructura institucional oficial pero limita su independencia real, tras acusar al régimen chavista de ilegalidad, incluso con acusaciones judiciales internacionales contra Maduro.
- El Ejecutivo y Legislativo permanecen, pero bajo la sombra del control externo.
- El Tribunal Supremo y demás poderes actúan en este marco tutelar.
Mientras, ciertos sectores opositores como el liderado por María Corina Machado —quien promueve un proceso electoral no contemplado en este esquema— buscan respaldo internacional para deslegitimar el nombramiento del diplomático Edmundo González Urrutia como Presidente en 2024.
Esto pone en evidencia que el poder real en Venezuela no está ni en el electorado ni en las instituciones, sino en quienes controlan la «corresponsabilidad gubernativa» desde fuera, un escenario sin precedentes.
¿Qué consecuencias trae este choque?
La ausencia de elecciones libres y la imposición de un protector externo socavan la soberanía nacional y pueden profundizar la crisis institucional, con consecuencias directas en la economía, seguridad jurídica y gobernabilidad.
La pregunta clave es: ¿quién debe gobernar legítimamente Venezuela? No basta con «mandar»; el país necesita un gobierno que respete la legalidad y sea producto de la voluntad popular real, no de negociaciones o imposiciones externas.
¿Qué esperar?
El futuro inmediato depende de si se logra un acuerdo donde el pueblo venezolano recupere el derecho a decidir libremente, sin tutelas ni arbitrariedades. Hasta entonces, la crisis política seguirá siendo funcional a agendas externas, mientras los ciudadanos enfrentan consecuencias reales en su día a día.
Esta es la encrucijada: un protectorado disfrazado o unas elecciones bajo sombra. Venezuela merece más que la disputa entre actores sin mandato claro.