La usurpación agravada que nadie quiere enfrentar en Venezuela
¿Cómo tolerar que una usurpación se eternice en Venezuela?
La crisis política que vivimos no es una simple disputa; es una usurpación agravada y prolongada del poder. Nicolás Maduro, tras un cuestionado tercer período desde enero de 2025, está detenido en Nueva York desde enero de 2026. Su ausencia es absoluta e indefinida. Sin embargo, en Miraflores, Delcy Rodríguez ocupa el poder sin ninguna legitimidad constitucional.
Este hecho cambia el escenario central de la política venezolana: la usurpación ya no es sólo de Maduro, sino que se profundiza bajo su heredera. La Constitución exige que, ante la ausencia del presidente por más de noventa días, la Asamblea Nacional debe declarar la falta absoluta y convocar elecciones inmediatas. No ha ocurrido nada de esto.
En vez de enfrentar la realidad, la Asamblea, controlada por los allegados al régimen, guarda silencio e incumple su deber. Jorge Rodríguez bloquea cualquier intento de debate y permite que el usurpador de facto siga en Miraflores. Esta omisión prolonga una crisis política sin precedentes y socava las instituciones que deberían garantizar la legalidad y la democracia.
Se habla de una falsa «ausencia forzada» para justificar que esta anomalía continúe hasta 2030, con un calendario electoral manipulado que perpetuaría la ilegitimidad en el poder. Es una estrategia para consolidar un control antidemocrático y pasar por encima de los principios esenciales de nuestra Constitución: soberanía popular, gobierno electivo y alternativo.
¿Qué viene después?
- Si la Asamblea sigue paralizada, la usurpación se convertirá en norma.
- El Estado de derecho seguirá quebrantado y las instituciones, desnudas frente al abuso de poder.
- La Sala Constitucional debe actuar con urgencia y claridad para impedir esta farsa prolongada.
- La sociedad civil y sectores democráticos tienen el deber de exigir el cumplimiento de la Constitución y elecciones libres.
Esta situación no es un problema local ni una cuestión de discurso. Es un atentado contra la legalidad que pone en riesgo la recuperación política, económica y social del país. Ignorarlo equivale a aceptar que un régimen ilegal y prolongado siga decidiendo el destino de Venezuela.
El silencio y la inacción no son opciones. La usurpación agravada y prolongada debe tener un fin pronto y constitucional. Hasta entonces, la democracia seguirá siendo un ideal distante.