La verdad que no te cuentan: ¿Quién manda realmente en Venezuela?

Un gobierno que usurpó la soberanía popular

El 28 de julio de 2024 evidenció que Venezuela vive bajo un régimen ilegítimo. Utilizando la fuerza armada, dejó de reconocer la voluntad del pueblo, atropellando la soberanía nacional.

Luego, una potencia extranjera intervino: sobrevoló nuestro espacio aéreo, desembarcó cerca de nuestras costas y terminó capturando a Maduro. Hubo un atisbo de esperanza, pero fue una ilusión. Esa potencia decidió quién debía gobernar, manteniendo en el poder a quienes el pueblo rechazó. Así, se confirmó que la soberanía popular sigue ignorada, incluso por esos nuevos actores.

¿Dónde quedó el poder del pueblo?

Según nuestra Constitución, el poder originario reside únicamente en el pueblo venezolano. El Estado y su marco jurídico dependen de esa soberanía indivisible y perpetua. Sin embargo, hoy los poderes públicos son designados por intereses extranjeros, no por la voluntad democrática.

La camarilla en el poder —militares corruptos y políticos complacientes— se aferra a sus privilegios y riquezas. Para ellos, la soberanía es un discurso vacío usado para engañar. Entregan el país y su soberanía popular a cambio de conservar sus negocios.

Un sistema democrático destruido

La soberanía implica que el pueblo elija a sus representantes en un sistema democrático transparente y confiable. Pero estos procesos han sido destruidos. La existencia de poderes de facto demuestra claramente que el orden jurídico ha sido subordinado a intereses ajenos a la voluntad popular. No hay democracia sin derecho.

La Constitución, en sus artículos 333 y 350, nos obliga a restituir el orden legítimo y rechazar cualquier gobierno impuesto por la fuerza. No podemos aceptar que poderes extranjeros decidan por Venezuela.

¿Qué viene ahora?

  • Reconocimiento obligatorio de la soberanía popular.
  • Convocatoria inmediata a elecciones libres, con un nuevo Consejo Nacional Electoral imparcial.
  • Participación de observadores internacionales neutrales para garantizar transparencia.

Esta no es solo una lucha política, es una batalla por la autodeterminación nacional y la legalidad. La unión de trabajadores, estudiantes y pensionados es clave para exigir libertad y democracia. Merecemos decidir nuestro futuro, sin intermediarios extranjeros ni élites corruptas.

Somos soberanos y nadie puede arrebatarnos esa soberanía. Es hora de actuar y de luchar hasta recuperar nuestro país.

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