Gobierno y oposición avanzan en censura disfrazada de ley contra el ‘odio’
¿Quién decide qué podemos decir?
Hace años la libertad de expresión era un derecho incuestionable. Hoy, está bajo ataque desde varios frentes. No solo usuarios en redes sociales sufren censura o amenazas. También diputados y funcionarios impulsan leyes para acallar voces incómodas.
Lo que pasó
El reciente proyecto llamado «ley contra el fascismo y neofascismo» no es más que una excusa para extender el control social. Detrás de términos grandilocuentes se oculta una legislación que amenaza la libertad de pensar y expresarse. La llamada Ley del Odio ya es un arma anticonstitucional que sigue vigente y que encierra el riesgo de encarcelar opiniones indeseadas.
Por qué esto importa más de lo que parece
Ya no solo hablamos de debates en redes sociales: estamos al borde de legitimar la censura legal. Esto no solo afecta a articulistas o políticos, sino a todos los ciudadanos, incluidos niños y adolescentes, y en especial a quienes sostienen ideas diferentes sin recurrir a la violencia.
La visión oficial ignora que pensar distinto no es delito. Que condenar opiniones en lugar de hechos rompe con el estado de derecho y con principios básicos reconocidos en tratados internacionales que Venezuela ha suscrito. Y que las leyes que limitan estas libertades no solo atacan la seguridad jurídica, sino la esencia de la democracia.
Lo que viene
Si no detenemos esta tendencia, estaremos aceptando una sociedad donde el pensamiento crítico es reprimido. Donde la persecución política deja atrás el diálogo y se impone la intolerancia. La polarización y la crispación crecerán, debilitando las instituciones y erosionando la confianza ciudadana.
Solo queda una salida clara: defender sin titubeos el derecho a expresarnos libremente. Porque las palabras no delinquen; el silencio es lo que termina por condenar.