Delcy Rodríguez sí pisó suelo español. El gobierno lo sabía y violó la legalidad.
La llamada «visita sorpresa» de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España fue un montaje. El gobierno de Pedro Sánchez permitió su entrada, a sabiendas, mientras ocultaba la verdad a la opinión pública y a la Unión Europea.
Esta operación ilegal no fue improvisada. Víctor de Aldama, con conocimiento y consentimiento del Presidente, organizó el viaje para que Delcy Rodríguez cruzara ilegalmente las fronteras europeas. Además, según documentos oficiales y testimonios no refutados, esta visita respaldaba negociaciones millonarias: hasta 250 millones de dólares en petróleo venezolano destinados a financiar al PSOE y a la Internacional Socialista bajo la supervisión de Zapatero y Sánchez.
¿Qué dice la normativa europea y cómo se violó?
- Las Decisiones PESC 2017/2074 y 2018/901 restringen la entrada a Delcy Rodríguez por ser personificación del autoritarismo venezolano.
- La legislación europea exige notificación y autorización explícita para exenciones, condiciones que el gobierno español ignoró.
- El Ministerio de Exteriores, entonces dirigido por Arancha González Laya, nunca comunicó la autorización a la UE, confirmando la vulneración directa de la normativa.
Contrasta con Bélgica, que en 2023 sí respetó el procedimiento para permitir la entrada de Delcy Rodríguez. España, en cambio, optó por la ilegalidad y el secretismo.
¿Qué consecuencias tiene esta ilegalidad?
- El propio Sánchez está implicado, con pruebas de mensajes directos en los que aprueba la visita y las reuniones con objetivos claros.
- Ministros como Ábalos y Marlaska cambiaron versiones y obstruyeron la transparencia, evidenciando un encubrimiento desde lo más alto del gobierno.
- Se pone en cuestión la fiabilidad y legalidad de la política exterior española, que trata con permisividad a regímenes autoritarios y vulnera acuerdos internacionales.
Este no es un incidente aislado. Refleja una política exterior errática que sacrifica la legalidad y el interés nacional por conveniencias partidistas y acuerdos ideológicos.
¿Qué puede venir después?
Las consecuencias legales y diplomáticas pueden ser profundas. Este caso no solo desacredita al gobierno español ante la UE, sino que también abre la puerta a investigaciones judiciales sobre la implicación directa del presidente y sus ministros. La cercanía con regímenes cuestionados y la violación flagrante de leyes internacionales podrían desatar una crisis institucional y política mayor, con impacto en la credibilidad y seguridad del país.