La doble nacionalidad que Venezuela no quiere ver: exclusión política en crisis
¿Quiénes tienen derecho real a gobernar en Venezuela hoy?
La Constitución de 1999 eliminó del juego político a venezolanos con doble nacionalidad. Una norma que, en su momento, parecía lógica para un país que no imaginaba una crisis migratoria masiva.
Hoy, más de 7,9 millones de venezolanos viven fuera del país, muchos con otra nacionalidad y arraigados en el exilio. La exigencia constitucional de lealtad exclusiva y residencia ya no refleja la realidad. El resultado: la exclusión política de casi una cuarta parte de la nación.
¿Cuál es el problema real de esta norma?
Fue diseñada para un país sin migrantes y con ciudadanos dentro del territorio. Pretender aplicarla hoy es cerrar la puerta a quienes han vivido, sufrido y resistido la crisis en carne propia desde el extranjero.
El Tribunal Supremo en 2016 intentó flexibilizar la norma, permitiendo renunciar a otra nacionalidad para aspirar a cargos, pero esto genera más dudas legales que certezas. ¿Puede una interpretación judicial cambiar una regla constitucional clara? ¿O estamos frente a una reescritura de facto de la Carta Magna?
Un modelo que Venezuela debería mirar más de cerca
Canadá, un país fundado en la diversidad y la inmigración, no solo permite la doble nacionalidad para altos cargos sino que confía en instituciones para garantizar lealtad política. No parte de la exclusión, sino de la inclusión efectiva.
En contraste, Venezuela se aferra a una lógica anclada en el Estado-nación clásico y desconoce cómo las identidades políticas reales se han transformado.
El costo real de mantener este modelo rígido
- Excluye a la diáspora, un actor político esencial.
- Penaliza a líderes que lograron sobrevivir solo fuera del país.
- Convierte una crisis humanitaria en una causa formal de marginación política.
¿Cuántos votos y proyectos se pierden mientras sectores políticos se aferra a normas vetustas y desconectadas de la realidad?
¿Qué viene ahora?
La Venezuela que reclama cambios ya no puede permitirse un sistema que silencia y margina a casi un tercio de sus ciudadanos con argumentos de lealtad jurídica rígida. La solución no es sencilla: podría requerir reformas constitucionales profundas o reinterpretaciones legítimas que incorporen la realidad de la diáspora y de la doble nacionalidad.
Pero lo que no puede mantenerse es la exclusión disfrazada de legalidad. En un país fracturado, el mayor desafío ya no es proteger al Estado del ciudadano, sino proteger al ciudadano del Estado.