23 años presos: La verdad que el poder oculta sobre los policías de Puente Llaguno
¿Qué esconden los 23 años de cárcel para tres policías metropolitano?
Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina cumplen dos décadas y más en prisión por los sucesos del 11 de abril de 2002. Sin opción a amnistía ni beneficios legales, su caso refleja una justicia instrumentalizada y una agenda política que bloquea su liberación.
Lo que realmente dice la sentencia
La versión oficial habla de «homicidio intencional», pero el expediente de 2009 detalla que fueron condenados como cómplices en homicidio calificado frustrado y otros delitos comunes. Estos delitos admiten medidas alternativas al cumplimiento estricto de la pena, como trabajo, régimen abierto o libertad condicional, opciones que nunca les concedieron.
Un juicio con más dudas que certezas
Con 235 audiencias y casi 200 testigos, el proceso fue uno de los más largos y complejos, pero también señalado por irregularidades y presión política. El exmagistrado Eladio Aponte Aponte denunció que Hugo Chávez ordenó la condena máxima para estos policías, confirmando la manipulación del sistema judicial.
¿Por qué siguen presos si la ley lo permite?
Desde 2010, Rovaín, Bolívar y Molina reúnen requisitos para acceder a beneficios procesales y a la Ley de Redención Judicial. Ninguno ha recibido estas medidas. Además, han sido excluidos explícitamente de las amnistías de 2007 y 2026, demostrando un uso político de la prisión que va más allá de la justicia.
La condena no solo es prisión: es el aislamiento
Tras años en Ramo Verde con visitas familiares, fueron trasladados en 2021 al penal Fénix, a cientos de kilómetros, donde enfrentan condiciones duras y están rodeados de presos comunes, a pesar de ser considerados presos políticos. Esto aumenta la distancia con sus familias y agrava su situación.
¿Qué revela este caso sobre Venezuela hoy?
La permanencia de estos tres policías en prisión es la muestra más clara de la debilidad del Estado de derecho y del uso de la justicia como instrumento político. A 23 años, el sistema mantiene una prisión de facto perpetua, negando derechos fundamentales y beneficios legales.
La pregunta queda abierta: ¿hasta cuándo persistirá esta injusticia oficializada que nadie se atreve a revertir?