¿Por qué la Ley de Amnistía es un cambio peligroso para Venezuela?
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, y ya está en manos del Ejecutivo para su promulgación. Esta norma garantiza impunidad a quienes participaron en episodios violentos y actos delictivos políticos desde el 2002 hasta 2024.
La norma que abre la puerta a la impunidad
La ley autoriza que personas procesadas o condenadas por delitos armados y violencia política —incluso desde fuera del país— puedan acceder a amnistía. Pueden ser representados judicialmente para evitar su presentación personal, lo que debilita cualquier medida de control real. Además, el tribunal deberá cerrar procesos y anular sentencias firmes incluso en casos de delitos graves.
¿Quiénes quedan protegidos?
- Golpistas del 11 de abril de 2002 y responsables de ataques a gobernaciones y alcaldías.
- Participantes en el paro y sabotaje petrolero de 2002-2003.
- Responsables de violencia en episodios políticos entre 2004 y 2024, incluyendo elecciones presidenciales.
Más allá de la reconciliación: un riesgo para la legalidad y seguridad
Esta ley no busca justicia, sino la amnistía para figuras clave de episodios violentos y desestabilizadores. Al eximirlos de responsabilidades judiciales, la medida pone en jaque el sistema jurídico y la seguridad ciudadana. La víctima pierde herramientas efectivas para exigir justicia y se limita el alcance real de la responsabilidad penal.
¿Qué sigue?
Con la promulgación, habrá un aumento inminente de solicitudes de amnistía, presionando tribunales y debilitando la persecución de delitos políticos. La consecuencia clara será la normalización de la impunidad política. El desafío para Venezuela será mantener la institucionalidad y la autoridad frente a una agenda que sabotea la justicia a favor de intereses particulares.