La Asamblea chavista reinicia el debate de una ley de amnistía cuestionada
Hoy, la Asamblea Nacional —controlada por el chavismo— retoma la segunda discusión de un proyecto de ley de amnistía que, en apariencia, busca liberar presos políticos en Venezuela.
Pero esta iniciativa que dice favorecer la convivencia democrática esconde contradicciones cruciales que pocas voces señalan.
¿Qué está en juego realmente?
- El proyecto fue aprobado en primera discusión hace dos semanas, luego se detuvo para ajustar detalles, entre ellos una cláusula que obliga a los beneficiados a presentarse ante tribunales.
- Estos tribunales y la Fiscalía son las mismas instituciones responsables de la represión masiva denunciada por entidades internacionales, como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.
- La ONG Acceso a la Justicia alerta que el texto confunde y penaliza categorías como el “extremismo”, lo que anula de entrada a muchos posibles beneficiarios y supone su culpabilidad.
- La amnistía cubre supuestamente casos desde 1999, pero limita su aplicación a diez períodos específicos de conflictos políticos, dejando fuera a decenas de detenidos considerados presos políticos.
¿Qué consecuencias reales se evaden?
Mientras tanto, 644 personas permanecen detenidas por motivos políticos, según el Foro Penal, pero el gobierno niega categóricamente esta definición y acusa a esos ciudadanos de delitos.
Familiares de presos políticos llevan días en huelga de hambre en Caracas pidiendo liberaciones, pero la ley avanza sin abordar el control judicial comprometido, garantizando que la represión quede impune bajo una fachada legal.
¿Qué viene después?
Si se aprueba tal como está, esta ley consolidará un mecanismo para legitimar la permanencia de presos políticos bajo condicionamientos legales amañados, dejando el gobierno y sus instituciones de seguridad a salvo de cualquier rendición de cuentas.
El llamado “nuevo momento político” anunciado por la presidenta interina Delcy Rodríguez podría terminar siendo otro paso para afianzar la agenda política del régimen, no una señal real de apertura ni justicia.