Yaracuy prepara 224 proyectos en Consulta Popular del 8M: ¿Quién decide realmente?
Yaracuy define 224 proyectos para ejecutar: el poder local que pocos cuestionan
El próximo 8 de marzo, Yaracuy decidirá por votación popular la aprobación de 224 proyectos comunales. Pero no es un proceso común: la convocatoria surge desde las comunas organizadas, con el respaldo del Ministerio de las Comunas, alcaldías y el poder Ejecutivo local.
En total, 112 comunas presentaron 784 propuestas, de las cuales se seleccionarán dos por circuito comunal. Las prioridades apuntan a infraestructura en salud, servicios públicos, deporte, educación, y sobre todo, el sector hídrico, que concentra más del 25% de los recursos.
Un modelo de gestión con cifras de eficiencia cuestionable
El director estatal del Ministerio de las Comunas asegura que más del 90% de los proyectos previos fueron ejecutados. Pero esta “eficiencia” atiende a una administración paralela donde los consejos comunales manejan recursos públicos fuera del control tradicional. Esto cambia la estructura de la gestión local y diluye responsabilidades institucionales clásicas.
El apoyo municipal es clave. En San Felipe, el alcalde respalda estas consultas como un mecanismo para fortalecer lo que llaman “gobierno obedencial”. Pero para sectores críticos, esto representa un desplazamiento del estado formal hacia sistemas de control territorial que podrían ignorar reglas de transparencia y competencia.
¿Qué implica este modelo para la estabilidad y legalidad?
La consulta popular impulsa un sistema económico comunal paralelo al estado formal. Esta realidad redefine el poder local y puede socavar la coordinación institucional. Además, abre la puerta a decisiones que afectan recursos públicos sin supervisión estricta.
¿Es una forma legítima de democracia participativa o un mecanismo para legitimar agendas políticas con consecuencias detrás de escena que nadie discute?
Lo que sigue: consolidación o fragmentación del poder local
- Incremento de proyectos comunales que operan fuera de los canales estatales tradicionales.
- Potencial debilitamiento de las alcaldías y gobernaciones como gestores formales.
- Mayor dependencia de mecanismos de voto popular dirigidos desde dentro de las estructuras comunales.
- Riesgo de que la gestión pública pierda transparencia y rendición de cuentas reales.
El 8M será más que una consulta: es un ensayo para un modelo de poder local que redefine control, recursos y gestión, con efectos que impactarán en la gobernabilidad mucho más allá de Yaracuy.