El gobierno venezolano confisca propiedad clave
Laura Acosta, asistente de María Corina Machado y miembro activo de Vente Venezuela desde 2004, perdió su vivienda bajo un procedimiento que no es casualidad. El régimen chavista arrancó un nuevo capítulo de persecución política dirigida a sus círculos cercanos.
Cómo fue la confiscación
Desde 2024, Acosta fue hostigada, amenazada y obligada a abandonar Venezuela luego de una orden de captura. El 24 de marzo de 2025, sin identificación ni justificación clara, funcionarios irrumpieron en su casa, desalojaron al encargado y a un menor, y colocaron un letrero de «asegurado».
Desde entonces, el inmueble fue vigilado y ocupado irregularmente hasta que el pasado 25 de febrero comenzaron a sacar muebles y reemplazar pertenencias. Los vecinos fueron informados que la vivienda ahora pertenece al Estado.
¿Por qué esto cambia el juego?
Estas acciones evidencian una estrategia de persecución política que supera la presión directa al liderazgo opositor y se extiende a sus colaboradores más cercanos. No solo se golpea a María Corina Machado, sino a su círculo, buscando desarticular la estructura alrededor de la oposición.
Además, la situación involucra derechos internacionales al afectar a ciudadanos con nacionalidad estadounidense y española, lo que debería obligar a intervenir a esos gobiernos. Sin embargo, el silencio es la constante.
Lo que viene
Si esta escalada continúa, se profundizará la criminalización política y se instaurará un precedente para consolidar controles sobre propiedades civiles bajo la excusa del «orden público». Es una advertencia clara para cualquiera que se involucre con la oposición. La comunidad internacional está en el ojo del huracán: actuar o legitimar esta violación.