Venezuela lanza protocolo para aplicar amnistía sin transparencia ni alcance total
Autoridades venezolanas establecieron un protocolo este viernes para aplicar «expedita» la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, el contenido de este protocolo permanece oculto, y la ley no cubre todas las situaciones que dijo abarcar.
¿Qué pasó realmente?
El protocolo fue aprobado en un encuentro con los principales funcionarios del Tribunal Supremo y la Fiscalía General, junto a diputados oficialistas, incluido Jorge Arreaza, sin claridad pública sobre cómo se ejecutará ¿El objetivo oficial? Acelerar la amnistía para presos políticos de los últimos 27 años.
Pese a la cobertura oficial que declara que la ley aplica desde 1999 hasta 2026, el texto específico menciona solo 13 hechos puntuales en 13 años distintos, dejando afuera operaciones militares y muchos casos. Esta exclusión deliberada puede crear excepciones jurídicas que escapan a la amnistía.
Por qué esto cambia el escenario político y judicial
La inexistencia de detalles transparentes en el protocolo y un alcance limitado de la ley refleja un control estricto desde las instituciones estatales hacia quiénes realmente se beneficiarán. La comisión especial creada puede incluso sugerir «medidas alternativas», dejando abierta la puerta a selectividad en la aplicación, a pesar de la narrativa de una «amnistía total».
Tal opacidad y restricciones en una ley que debería garantizar justicia y seguridad jurídica a presos políticos generan desconfianza y cuestionan la verdadera intención detrás del proceso.
Qué viene después
La ONG Foro Penal ya entregó una lista con 232 nombres para incluir en la amnistía, un paso que pone sobre la mesa la presión para ampliar la cobertura. Sin embargo, la comisión especial y los órganos de justicia tienen un control completo sobre la implementación, lo que podría perpetuar exclusiones y retrasos.
El desafío ahora está en que esta medida no se convierta en un nuevo mecanismo de control político y selección arbitraria, bajo un discurso de «humanitarismo» que encubre decisiones con impacto directo en la legalidad y el sistema judicial.