Venezuela acelera Ley de Amnistía: ¿paz real o riesgo para la estabilidad?
La Ley de Amnistía venezolana avanza, pero ¿a qué precio?
Distintos sectores políticos y sociales del país se movilizan para consolidar el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional. Lo que no se dice abiertamente: esta iniciativa podría debilitar la seguridad jurídica y poner en riesgo la estabilidad institucional.
Qué está ocurriendo
En estados como Guárico, Yaracuy y Mérida, se han organizado consultas públicas para recoger propuestas que enriquezcan una ley impulsada desde la cúpula política con el respaldo expreso de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La Ley consta de 13 artículos que buscan definir los hechos amnistiables con el objetivo declarado de promover la «paz social» y la convivencia democrática.
El diputado Frang Morales y otros legisladores destacan que la ley es un paso fundamental para enfrentar los conflictos internos y fomentar la «reconciliación nacional». Se enfatiza la importancia de la unidad nacional ante recientes hechos de confrontación política.
Por qué esto cambia el escenario
La llamada «paz interna» podría estar expuesta a riesgos legales y sociales importantes. Amnistiar ciertos actos puede abrir una puerta peligrosa para la impunidad, debilitando la responsabilidad penal y dejando desprotegidas las instituciones. Lo que se vende como conciliación puede esconder la legitimación de acciones que afectan la seguridad ciudadana y el orden público.
Además, la Ley está siendo discutida sin un debate amplio e independiente, centrado en criterios técnicos y sin la necesaria revisión de los impactos sobre el sistema judicial y los derechos de las víctimas.
Qué puede venir después
Si la Ley se aprueba tal como ahora avanza, Venezuela podría enfrentar un incremento en la inseguridad jurídica y social. Grupos que han actuado al margen de la ley podrían quedar blindados, mientras los ciudadanos comunes y las instituciones pagan el costo. La estabilidad política, lejos de fortalecerse, corre el riesgo de erosionarse si se priorizan arreglos políticos sobre la legalidad y el Estado de derecho.
Esta Ley tendrá que enfrentar entonces una prueba decisiva: ¿logrará realmente una convivencia democrática sólida o se convertirá en un nuevo capítulo de tensiones y retrocesos institucionales en Venezuela?