Urgente: Venezuela clama a la CPI frente a la impunidad
Más de 150 figuras destacadas, desde exministros hasta altos mandos militares en retiro, enviaron una carta directa a la jueza Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI).
El pedido es claro: acelerar decisiones ante violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. La constante detención arbitraria y persecución política no pueden seguir siendo ignoradas.
¿Por qué este llamado altera el tablero?
El mensaje revela que el sistema judicial venezolano está roto: sin independencia ni imparcialidad, imposibilita cualquier justicia verdadera. Por eso, la CPI debe actuar bajo el principio de complementariedad: intervenir como tribunal de último recurso cuando la justicia nacional falla.
Organismos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar son señalados de ejecutar torturas, desapariciones forzadas y tratos crueles.
¿Qué viene después?
- Se exige que la CPI refuerce la investigación iniciada en 2021 sobre Venezuela.
- Que evalúe la responsabilidad penal individual de todas las autoridades, sin excepciones de rango.
- Y que garantice reparación integral a las víctimas, una demanda que no puede seguir aplazándose.
¿Quiénes lideran esta exigencia?
Una lista contundente incluye a expresidentes de parlamentos, exministros de energía y defensa, juristas reconocidos, exgobernadores, altos mandos militares y figuras académicas y culturales. Su posicionamiento demuestra que el reclamo va más allá de la política partidista: es una cuestión de Estado y legalidad.
Esta coalición no es un grupo más, es el reflejo de quienes conocen el país y sus instituciones y saben que la legitima justicia está secuestrada.
El escenario no es optimista para el régimen
De mantenerse la falla en la justicia interna, la presión internacional podría intensificarse desde tribunales penales que hasta ahora han avanzado lentamente. La posibilidad de juicio a altos mandos es un riesgo real y creciente.
¿Por cuánto tiempo más Venezuela permitirá que la impunidad gobierne por encima de la ley?