TSJ avala Ley para acelerar trámites: ¿fin del burocratismo o más poder presidencial?
TSJ legitima Ley para acelerar trámites administrativos
El Tribunal Supremo de Justicia acaba de declarar constitucional la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, aprobada apenas la semana pasada por la Asamblea Nacional.
Con este dictamen, se abre paso a una norma que no solo busca reducir la burocracia que paraliza la gestión pública, sino que además entrega poder directo a la Presidencia de la República para agilizar procedimientos.
¿Por qué esto cambia el escenario?
Esta ley crea una Comisión Nacional encabezada desde Presidencia, con representantes legislativos y locales, para controlar y optimizar trámites. Hay una concentración clara de atribuciones ejecutivas que no se había visto antes.
El relato oficial habla de «poner fin al viacrucis en taquillas innecesarias», pero la realidad indica que se traslada una gran cuota de control administrativo al Poder Ejecutivo, con pocas garantías de equilibrio institucional.
Lo que viene
Se avecina una centralización fuerte en la administración pública que podría acelerar trámites… o erosionar controles necesarios para prevenir arbitrariedades. Además, la «formación masiva» en planificación que impulsa la Vicepresidencia busca afianzar esta agenda desde las bases sociales.
La pregunta definitiva es: ¿servirá esta ley para resolver problemas estructurales reales o abrirá la puerta a un manejo discrecional más intenso, a nombre de la eficiencia?