Trujillo: el experimento comunal que redefine el poder local en Venezuela
El poder comunal toma fuerza en Trujillo
El estado Trujillo anunció un plan ambicioso: ser el referente nacional en organización comunal bajo la llamada estrategia “100% Comunas”. La base, dicen, es la supuesta eficiencia en la gestión de recursos demostrada en recientes consultas populares.
¿Qué pasó exactamente?
El ministro Ángel Prado presentó este plan tras supervisar los proyectos realizados en los municipios Escuque y San Rafael de Carvajal. Acompañado por funcionarios nacionales y el gobernador regional, defendió que el modelo comunal es un ejemplo a seguir en la administración de fondos públicos.
Los círculos comunales del estado suman ya 221 circuitos, que según las autoridades, preparan registros, bancos comunales, parlamentos locales y sistemas de control social con la intención de consolidar un autogobierno territorial.
¿Por qué debería importar esto?
Este avance no es un simple esfuerzo comunitario: apunta a enterrar los mecanismos tradicionales de administración y apertura institucional para reemplazarlos por estructuras paralelas controladas desde el poder central. Además, plantea un sistema donde la decisión está en manos de grupos con una agenda política específica que puede manejar recursos sin los controles habituales del Estado de derecho.
El viceministro Rander Peña destacó que esta forma de organización es «poder popular en acción», pero lo que omite es que esta forma de autogobierno no está exenta de riesgos en términos de transparencia y legalidad.
¿Qué debemos esperar?
Con el objetivo de crear 6,000 comunas en todo el país, el gobierno acelera una transformación profunda del tejido institucional. La consolidación de este modelo en Trujillo podría sentar un precedente que amplíe el control político sobre territorios y recursos, limitando la participación real y la rendición de cuentas.
Queda por ver si este impulso comunal es verdaderamente un avance para la gestión pública o un mecanismo de control que afectará la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones.