Falta de transparencia en cifras de presos políticos liberados
Oscar Murillo, coordinador general de Provea, lanzó una alerta que pocos amplifican: el proceso de liberación de presos políticos bajo la Ley de Amnistía está rodeado de opacidad. A pesar de los miles de beneficiados anunciados, la sociedad civil no puede acceder a datos verificables.
Lo que está pasando
La comisión encargada de supervisar la Ley está compuesta exclusivamente por diputados de la Asamblea Nacional, sin representación de ONG independientes, organismos internacionales o grupos de víctimas, pese a propuestas para incluirlos. Esto limita severamente el control externo y la fiscalización real.
Según el diputado chavista Jorge Arreaza, encargado de la comisión, 7.474 personas estarían en libertad restringida. Además, 253 detenidos recibieron la extinción de causa penal, quedando sin responsabilidad legal. Otros 116 cuentan con recomendaciones de excarcelación, aunque sus juicios siguen activos por cargos no contemplados en la ley.
Por qué esto cambia el escenario
La falta de verificación independiente abre la puerta a números inflados o manipulados que podrían ocultar la realidad sobre quiénes son realmente liberados y bajo qué condiciones. Con más de 12.500 solicitudes recibidas, la ausencia de una comisión nacional de verificación pone en riesgo la legalidad y el control institucional del proceso.
Qué podría venir
Si la comisión sigue cerrada a la supervisión, el proceso perderá credibilidad y puede generar tensiones legales y sociales. La exclusión de la sociedad civil y organismos independientes podría derivar en un manejo discrecional y parcial de la Ley. La pregunta que queda: ¿Se utilizará la Ley de Amnistía para figuras políticas y no para el verdadero objetivo legal?