Activistas venezolanos atacados en Bogotá siguen sin protección efectiva
El 13 de octubre de 2025, Yendri Velásquez y Luis Peche sufrieron un ataque armado en el norte de Bogotá. Ambos recibieron múltiples impactos de bala y tuvieron que ser atendidos de emergencia.
A pesar de la gravedad del hecho y la condena internacional, a más de tres meses la protección que reciben es temporal y limitada, lo que pone en riesgo sus vidas.
¿Qué está fallando en la protección estatal?
Amnistía Internacional denuncia que la lentitud administrativa en la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha impedido asignar medidas permanentes a estos activistas. Las actuales medidas pueden retirarse en cualquier momento, dejando una puerta abierta a nuevas amenazas.
Además, no se han implementado protocolos personalizados ni concertados con los afectados, un requisito fundamental para garantizar seguridad real.
¿Por qué esto cambia el escenario?
El caso pone en evidencia la incapacidad del Estado colombiano para cumplir con su obligación básica de proteger a defensores de derechos humanos, especialmente a quienes enfrentan riesgos por su activismo y condición de exiliados venezolanos.
La prolongación de esta vulnerabilidad abre un precedente peligroso. Se normaliza la indefensión frente a atentados, debilitando la legalidad y la confianza en las instituciones de seguridad.
¿Qué viene después?
La presión internacional, liderada por Amnistía Internacional hasta abril de 2026, busca forzar una respuesta sólida. Sin embargo, si no se actúa con firmeza, las consecuencias serán directas:
- Incremento del riesgo para otros activistas en Colombia.
- Perpetuación de un sistema de protección ineficaz.
- Aumento de la impunidad ante ataques políticos.
La pregunta no es si habrá un nuevo ataque, sino cuándo y con qué consecuencias.