Salarios estancados, bonos inflados: la trampa del gobierno para evitar aumentos reales

Salarios congelados desde 2022

Trabajadores universitarios en Venezuela llevaron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda contra la falta de aumento salarial, estancado oficialmente desde marzo de 2022.

¿Qué pasó?

El decano Juan Carlos Apitz, de la UCV, presentó una demanda por omisión legislativa, exigiendo que el TSJ ordene al Ejecutivo aplicar el ajuste constitucional obligatorio del salario mínimo.

El salario, fijado en 130 bolívares, valía entonces unos 30 dólares. Hoy, esa cifra alcanza apenas 35 centavos según el tipo de cambio oficial.

¿Por qué esto cambia el escenario?

El gobierno mantiene congelado el salario básico pero ha aumentado bonos que no forman parte del sueldo ni influyen en derechos laborales. Esto genera un círculo engañoso: aparenta ajuste sin mejorar el poder adquisitivo real de los trabajadores.

Los trabajadores piden que el salario se ajuste tomando en cuenta los precios de la canasta básica y que los bonos se incorporen en el cálculo de beneficios sociales, cambiando así el juego laboral.

¿Qué viene ahora?

El TSJ tiene 30 días para emitir una respuesta. Un fallo a favor forzaría al gobierno a cumplir la Constitución y podría abrir un precedente contra la estrategia oficial de salarios de papel y bonos inflados.

La presión aumenta, pero el riesgo es que el gobierno busque nuevos artificios para esquivar su responsabilidad y mantener el sueldo real de los empleados públicos en niveles que aseguran su empobrecimiento constante.

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