Quieren sacar a María Corina de la contienda presidencial en Venezuela
El objetivo es claro: eliminar a María Corina antes de que las urnas se abran
En Venezuela, la crisis política y social obliga a elecciones generales inminentes. Los actuales poderes carecen de legitimidad tanto en su origen como en su gestión, responsables directos del colapso nacional.
Estados Unidos, en su intento de normalizar la situación, establece como último paso el proceso electoral. Incumplir esta fase sería un golpe duro para la reputación internacional del interinato, que enfrenta una realidad latinoamericana donde la democracia sí cobra costos políticos.
¿Por qué María Corina es el blanco?
Ante este escenario, se activan sectores políticos que buscan impedir su candidatura. Existe una alianza incómoda entre el interinato y grupos no chavistas con escasa base popular, que usan la judicialización de la política para abrir camino a sus intereses.
María Corina Machado permanece inhabilitada para postularse, mientras una campaña sostenida intenta minar su liderazgo y cortar su conexión con el deseo mayoritario de cambio. Se difunden acusaciones sin pruebas sólidas: desde ser un obstáculo para la “normalización”, hasta enfrentar una supuesta aversión estadounidense hacia su figura, imputaciones que buscan construir una narrativa conveniente para quienes temen su influencia.
El sistema judicial como instrumento político
La Ley de Amnistía, incompleta, parece diseñada para mantenerla exiliada y alejada de juego político. Recientemente, la interina y su ministro del Interior la han señalado por «traición a la patria», acusación grave formulada sin reservas ni condicionales, en un sistema judicial bajo control del régimen.
Este doble ataque busca, primero, destruir su prestigio y liderazgo, y segundo, reforzar su inhabilitación legal. Es una operación pensada para marginar a la principal alternativa política y perpetuar la ausencia de competencia real.
¿Qué está en juego?
Excluir a María Corina es traicionar el deseo mayoritario de cambio. Repetir el esquema del 2024, donde su exclusión política benefició a intereses secundarios, erosionaría la legitimidad de todo el proceso electoral. La política debe decidirse en las urnas, no en los tribunales ni detrás de dudas legales fabricadas.
Las próximas elecciones deben ser justas, libres, verificables e inclusivas si queremos darle una oportunidad real a la reinstitucionalización y a la recuperación del Estado. De lo contrario, seguirán usurpando la voluntad popular, mientras la crisis se profundiza.