El régimen reporta 2.000 medidas cautelares y 177 presos liberados
El Parlamento venezolano, controlado por el oficialismo, informó que 2.021 personas con medidas cautelares y 177 presos han sido beneficiados por la Ley de Amnistía. Jorge Arreaza, diputado chavista y presidente de la comisión que supervisa esta norma, anunció estas cifras en una reunión en Miraflores.
¿Qué implica esto en la práctica?
Según Arreaza, además de estas excarcelaciones, la comisión ha recibido más de 3.000 solicitudes y todavía evalúa otras en tribunales seleccionados del país. Mientras tanto, organizaciones independientes como Foro Penal reportan datos más modestos: verificaron apenas 464 excarcelaciones en el período entre enero y febrero. La ONG también alerta que existen al menos 600 detenidos que no entran en la amnistía y siguen presos, muchos por motivos políticos.
Lo que el discurso oficial no dice
El gobierno sostiene que la amnistía busca “convivencia democrática y paz”. Sin embargo, la diferencia entre excarcelaciones completas y liberaciones condicionales —que mantienen prohibiciones, como restricciones para salir del país o regímenes de presentación— pone en duda la verdadera extensión del beneficio. Además, hay denuncias de jueces que retrasan o bloquean solicitudes, especialmente en casos de terrorismo, lo que evidencia obstáculos institucionales aún sin resolver.
¿Qué podría ocurrir a continuación?
La oposición ya exige investigar a los operadores judiciales que demoran los procesos. Si persisten las trabas, la Ley de Amnistía corre el riesgo de ser solo un discurso vacío que no mejora la situación real de los detenidos. Además, la exclusión evidente de cientos de presos podría intensificar la crisis institucional y política en Venezuela, evidenciando que las supuestas garantías democráticas siguen siendo letra muerta.