Provea denuncia: elección de fiscal y defensor en Venezuela bajo control del PSUV
¿Elección real o imposición política?
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) acaba de enviar una advertencia que nadie en el poder quiere escuchar: el proceso para nombrar al Fiscal General y al Defensor del Pueblo en Venezuela es un secreto a voces dominado por el PSUV.
¿Qué pasó?
La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, mantiene la Comisión de Postulaciones con mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela. La Ley del Poder Ciudadano exige pluralidad, pero la misma comisión está blindada contra la participación de universidades, gremios y sociedad civil. Un procedimiento cerrado, con candidatos desconocidos y sin mecanismos para cuestionarlos, no produce autoridades legítimas.
¿Por qué esto cambia el juego?
Un Poder Ciudadano secuestrado significa un sistema judicial y de derechos humanos controlado. Sin transparencia, no hay confianza ni legalidad. Al no publicar currículos ni baremos, y negarse a entrevistas abiertas, el régimen bloquea cualquier posibilidad de freno a sus abusos.
¿Qué puede pasar ahora?
- La presión internacional crece: la OEA ya exige apertura.
- La ausencia de legitimidad profundiza la crisis institucional y pone en jaque el poco margen que queda para reconciliación o transición democrática.
- El silencio ciudadano sobre este tema abre la puerta a más decisiones arbitrarias que afectan el futuro del país.
Este no es un simple trámite: es la línea entre un Estado de derecho respetado y un régimen que impone su autoridad sin controles. Provea lo ha señalado con claridad: elegir autoridades del Poder Ciudadano debe ser una cuestión de transparencia y participación, o no será un proceso legítimo.