Profesor UCAB Carlos Calatrava postula a Defensor del Pueblo
Carlos Calatrava, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, presentó su candidatura ante la Asamblea Nacional para el cargo de Defensor del Pueblo.
Su propuesta central: una «defensoría pedagógica» enfocada en la «convivencia democrática» y en usar la verdad y los derechos como herramientas para reconstruir un país en crisis social.
Un perfil con peso y una visión que altera el panorama
Calatrava, con más de 30 años en la academia y doctorado en Ciencias Políticas, es parte del primer grupo de nueve aspirantes preseleccionados para entrevistas. Si pasa el segundo filtro, su nombre irá a votación plenaria.
La iniciativa que impulsa no solo busca dar visibilidad a la Defensoría, sino también cambiar leyes clave que afectan la legalidad y la libertad de expresión en Venezuela.
- Propuesta para la derogación de la controvertida Ley contra el Odio.
- Impulso a modificaciones en la Ley Resorte y el Código Penal en artículos relacionados con delitos de honor.
- Revisión de la Ley de Amnistía, calificándola como «necesaria pero perfectible».
Transformar la Defensoría: más que defensa, educación ciudadana
Calatrava insiste en que la Defensoría debe dejar de ser solo un órgano pasivo para convertirse en educador ciudadano. Busca crear un sello de calidad para certificar la promoción de derechos humanos en empresas, instituciones y escuelas, y transformar los centros clandestinos en espacios de memoria democrática.
Además, propone que la Defensoría sea un observador independiente en procesos electorales, reforzando la institucionalidad en un país donde la confianza en las instituciones es precaria.
¿Qué significa esto para Venezuela?
Si Calatrava avanza, veremos un cambio en el perfil tradicional de la Defensoría del Pueblo. Más educación y menos discurso oficial; menos imposición de una sola narrativa y más promoción real de derechos y libertades.
En un entorno donde leyes controvertidas restringen la libertad, sus propuestas pueden ser un desafío directo a sectores políticos que han monopolizado el discurso y la legalidad.
Entonces, la pregunta es clara: ¿la Asamblea Nacional respaldará un enfoque que apunta a desmontar el orden legal impuesto o seguirá favoreciendo la agenda política dominante?