Protestan por amnistía para acusados de «terrorismo» en frontera con Colombia
Familiares y grupos vinculados a la ONG Surgentes exigen a la Asamblea Nacional una respuesta clara sobre la inclusión en la amnistía de personas detenidas por presuntos nexos con grupos terroristas colombianos.
La apuesta oficial: detener bajo la etiqueta «terrorista»
Desde 2021, se utiliza el término «tancol» para justificar detenciones masivas en los estados fronterizos venezolanos. Más de 45 casos documentados, y un posible universo de hasta 200 personas, principalmente de doble nacionalidad colombo-venezolana, enfrentan cargos que definen el régimen como delitos políticos.
En lugar de transparencias, estas personas han sido víctimas de tortura, desapariciones temporales y expedientes fabricados, según familiares y activistas.
Un sistema que encubre y divide responsabilidades
La contradicción es evidente: tribunales delegan responsabilidades a la Asamblea Nacional, y viceversa. La ley de amnistía vigente cubre un período limitado y excluye sistemáticamente casos vinculados a operaciones militares, narcotráfico y otros delitos bajo argumentos que parecen proteger estructuras opacas.
¿Qué implica esta crisis para el futuro?
La falta de respuestas oficiales y la persistencia de detenciones bajo acusaciones controvertidas plantean un escenario donde la seguridad y legalidad están en entredicho. Esto no es solo un problema humanitario: afecta la estabilidad institucional y la confianza en el Estado.
Si no hay claridades y acciones concretas, el problema puede escalar en la frontera, aumentando el riesgo de descontento social y tensiones bilaterales.
¿Quién responde por los jóvenes víctimas de esta agenda?
Casos como el de un joven detenido a los 15 años y sometido a torturas despiertan una pregunta inevitable: ¿qué precio pagamos por una política que utiliza la justicia para perseguir y silenciar bajo una etiqueta política? Mientras tanto, familiares siguen esperando que el Estado dé la cara y actúe con transparencia.