Potro Álvarez vuelve al Hipódromo entre denuncias graves
Antonio «Potro» Álvarez reapareció este lunes en el Hipódromo La Rinconada, justo cuando circulaban rumores sobre su detención por parte del Sebin en investigaciones por presuntas irregularidades.
Un video muestra al superintendente de Actividades Hípicas en un día clave para establecer las carreras del fin de semana, pese a no aclarar aún si fue citado para declarar en la sede policial.
Lo que no te están contando: el trasfondo de las acusaciones
Según una investigación publicada por El Pitazo, Potro Álvarez estaría vinculado a un esquema para extorsionar a empresas de loterías en Venezuela. Representantes de al menos 10 compañías denunciaron haber sido forzados a entregar 2.5 millones de dólares para seguir operando sin represalias.
El ultimátum fue claro: o el pago o el cierre con posibles acciones penales. El dinero, parte del cual se canalizaba a través de una empresa intermediaria, El Inmejorable 804 C.A., habría servido para sostener un control estricto sobre el negocio de las apuestas, con complicidad de funcionarios judiciales y policiales.
¿Qué significa esto para la legalidad y la seguridad?
- Empresarios y programadores presionados con cargos graves como terrorismo y lavado de dinero.
- Pagos mensuales obligatorios que aumentaron hasta 2 millones de dólares.
- Una estructura que involucra jueces, fiscales y policías para mantener un sistema de control y extorsión.
Estas denuncias no sólo afectan el sector de las apuestas, sino que ponen en riesgo la institucionalidad y la transparencia con la que debe operar la economía formal.
¿Qué sigue?
La presencia de Potro Álvarez en la inscripción de carreras apunta a que el control sobre el hipódromo continúa siendo un eje estratégico. Además, la reciente detención del presidente de la empresa intermediaria sugiere que las investigaciones pueden profundizar y revelar aún más vínculos dentro del poder.
Este caso expone la necesidad urgente de vigilancia institucional y una respuesta contundente para frenar estas prácticas, que minan la legalidad y seguridad económica del país.