El poder se garantiza a sí mismo, la ley queda anulada
La Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo están a punto de ser ocupadas con nombres que no significan cambio, sino continuidad del control absoluto del poder.
Esta no es una cuestión menor. No es una simple formalidad política, sino la confirmación de un sistema donde la independencia no tiene lugar. Ya vimos cómo en Citgo la lealtad pesó más que el mérito. Ahora, esa lógica se extiende a las instituciones que deben limitar al poder, no perpetuarlo.
¿Qué se decide realmente?
Lo que está en juego es la naturaleza del estado de derecho venezolano: o se mantiene un freno real al poder político o se firma la sentencia de la impunidad institucional.
Nombrar fiscales y defensores afines al oficialismo no es un error ni un desliz: es parte de un diseño para conseguir una institucionalidad que solo dice funcionar, pero solo sirve para simular una justicia efectiva.
El ciclo que destruye la estabilidad
Cuando el control se convierte en complicidad, la legalidad se degrada en selectividad y las instituciones encargadas de proteger al ciudadano se transforman en instrumentos de un poder sin contrapesos.
La consecuencia inmediata es la erosión de la confianza y el desvío inevitable del conflicto hacia espacios fuera del marco institucional. Esto, lejos de ser coyuntural, define la perspectiva futura: más crisis y menos gobernabilidad real.
La fórmula rechazando la alternativa
Existen perfiles capaces de fortalecer la independencia institucional. Sin embargo, la agenda política actual ignora esas opciones para mantener un statu quo que ha demostrado ser insostenible.
El país está frente a una decisión crucial: ¿se aceptan límites al poder o se valida que el control se ejerza desde dentro, sin rendir cuentas?
La simulación como nuevo orden
Cuando el poder elige a quien debe fiscalizarlo, lo que se organiza no es justicia, sino la perpetuación de la simulación, con graves consecuencias para la democracia y la estabilidad.
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