Perú: Candidato propone expulsión masiva de migrantes venezolanos por seguridad
¿La seguridad peruana en riesgo? Propuesta polémica que rompe el discurso oficial
El candidato Rafael López Aliaga ha lanzado una propuesta directa: expulsar a los migrantes venezolanos en situación irregular como respuesta al aumento de la delincuencia. Nada de concesiones ni discursos complacientes, una medida que refleja el malestar creciente en las calles peruanas.
Durante el primer debate presidencial, López Aliaga dejó claro: «Vamos a expulsar a extranjeros ilegales (…) tienen plazo corto para volver a su Venezuela querida. Aquí no queremos delincuentes». Esta declaración no es un capricho; llega en un contexto donde Perú enfrenta una creciente crisis de seguridad con homicidios que casi se triplican y extorsiones que se han multiplicado por ocho según datos oficiales.
Un país sin rumbo y una seguridad desbordada
Con siete presidentes en la última década y una crisis institucional permanente, Perú no puede seguir escondiendo la realidad tras discursos oficialistas. La migración venezolana, que supera 1.6 millones de personas, es el epicentro de un tema que grupos políticos prefieren evitar o minimizar.
La disminución de migrantes indocumentados del 36% al 14% entre 2022 y 2024 no ha calmado las tensiones sociales ni la percepción de inseguridad ligada a la migración irregular. López Aliaga toma esto como bandera mientras otros candidatos intentan presentarse con propuestas menos contundentes.
¿Qué sigue después de esta propuesta?
Las promesas de expulsión masiva encontrarán obstáculos legales evidentes; Perú no cuenta con tratados para la repatriación forzosa. Sin embargo, este planteamiento marca un antes y un después en la agenda política nacional, forzando a todos los actores a posicionarse frente a la crisis real que padecen los ciudadanos.
En un escenario electoral marcado por la corrupción y la inseguridad, este debate abre la puerta a medidas drásticas que podrán redefinir la política migratoria y de seguridad en Perú. La pregunta es si el país está preparado para enfrentar las consecuencias institucionales y sociales de esta decisión.