Orden de arresto: ¿Encubrimiento en la muerte del agroproductor Hernández?
Orden de arresto llega tarde en medio de sospechas de encubrimiento
Después de dos años y medio, el Tribunal Primero de Control de Apure emitió finalmente órdenes de aprehensión contra dos implicados en la muerte del agroproductor Fernando Hernández Merchán.
Las órdenes pesan contra Magaly Darcy Arellano, pareja de la víctima, y Javier Enrique Guevara, veterinario del fundo Los Ramírez, acusados formalmente por homicidio preterintencional, un delito con pena relativamente leve que ya genera dudas sobre la seriedad del proceso.
¿Por qué esta tardanza y la versión oficial no cuadran?
Fernando Hernádez murió el 30 de abril de 2023 en un hospital en Colombia, donde fue ingresado por su pareja bajo un diagnóstico de muerte por causas naturales. Sin embargo, la hija del fallecido, Lisbeth Hernández Mendoza, encontró una sábana ensangrentada en la hacienda del padre y testigos reportaron irregularidades en el manejo de aquel día.
La exhumación en diciembre de 2023 confirmó fracturas en siete costillas, evidencia clara de muerte violenta. Pero a pesar de esta prueba contundente, el Ministerio Público demoró más de dos años en actuar en consecuencia.
¿Protección a los autores? El reclamo legítimo de la familia
Lisbeth Hernández denuncia que la Fiscalía Tercera de Guasdualito no está haciendo su trabajo — incluso sugiere que buscan proteger a los sospechosos. La imputación por homicidio preterintencional minimiza el daño real: según la familia, hubo intención clara de matar por interés en los bienes de la víctima.
El caso involucra además a otras personas presuntamente cómplices, lo que indica que estamos frente a un crimen planeado con propósito económico, pero con evidencia de obstrucción institucional.
Lo que viene: ¿justicia o impunidad con retardo?
- La demora en emitir órdenes genera dudas sobre la independencia de la Fiscalía y el sistema judicial local.
- Es probable que la familia busque elevar el caso a instancias superiores para evitar impunidad.
- Este caso revela un problema mayor: la lentitud y posible encubrimiento en crímenes con intereses económicos en zonas rurales vulnerables.
El sistema de justicia está en la mira. ¿Se impondrá la verdad o seguirá prevaleciendo una agenda política que protege a ciertos sectores?