Exclusión peligrosa en la Ley de Amnistía venezolana
Una ONG y familiares de detenidos exigen que el Parlamento venezolano reconsidere el estado de más de cien personas acusadas de terrorismo y excluidas de la reciente Ley de Amnistía.
¿Qué está en juego?
Están presos desde hace años en cárceles como Yare y Rodeo, en estados fronterizos con Colombia. Muchos no han visto juicio; sus expedientes carecen de pruebas sustanciales, y enfrentan cargos vinculados a grupos señalados por el gobierno como «terroristas armados narcotraficantes colombianos».
Lo que el comunicado oficial no revela
Mientras el Parlamento reporta 7.727 libertades concedidas, sectores dejan fuera a un grupo considerable con cargos que, según denuncian sus familiares, son parte de una estrategia política para mantenerlos encarcelados.
Lo que esto significa para Venezuela
- La exclusión sistemática mina la credibilidad de la amnistía y cuestiona su alcance real.
- El retraso en los procesos judiciales señala un uso político de la justicia para perpetuar detenciones arbitrarias.
- Esto alimenta el riesgo de intolerancia y abuso institucional en regiones clave para la seguridad nacional.
¿Qué sigue?
Si estas denuncias se ignoran, la polarización se enquistará y la confianza en las instituciones seguirá desplomándose. Más que un tema humanitario, esto es un asunto de seguridad, legalidad y estabilidad política que el Parlamento debe atender sin dilación.