Nicaragua despoja de la nacionalidad a 452: un golpe a la identidad y la ley
452 nicaragüenses sin nacionalidad: un blindaje para la represión oficial
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha quitado la nacionalidad a 452 personas desde febrero de 2023, entre ellos al exiliado obispo Silvio Báez. Esta acción deja a miles sin derechos civiles fundamentales.
¿Qué sucedió?
Firman una práctica sistemática: desterrados, sin acceso ni a sus bienes ni a sus pensiones, convertidos en apátridas por decisión estatal. 222 expresos políticos exiliados en EE.UU. iniciaron esta ola, seguido de 94 más, incluido el obispo Rolando Álvarez, y 135 enviados a Guatemala en septiembre de 2024.
¿Por qué esto cambia el escenario?
Dejar sin nacionalidad es mucho más que un castigo simbólico: es la eliminación legal de una identidad y de una base para la protesta política. Esta medida institucionalizada viola normas internacionales y legalidad, abriendo paso a una «muerte civil» de ciudadanos disidentes.
¿Qué viene ahora?
Los responsables enfrentan denuncias por crímenes políticos y violaciones a derechos humanos. Sin embargo, el gobierno mantiene el control y extiende su poder aplastando a cualquiera que cuestione su narrativa. La erosión de la legalidad en Nicaragua no es un riesgo futuro, es una realidad activa y creciente.